La Comisión de Hacienda y Función Pública ha aprobado esta tarde el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE. Una vez debatidos y votados en Comisión, con competencia legislativa plena, el informe de la ponencia y las enmiendas al articulado, el texto continúa su tramitación en el Senado.

La Comisión ha aprobado el informe de la ponencia, que ya incorpora enmiendas acordadas por los grupos, con 20 votos a favor y 17 abstenciones. No se han aprobado esta tarde enmiendas al articulado, pero ha salido adelante por unanimidad un texto presentado y firmado por todos los grupos en relación con la disposición adicional séptima.

La iniciativa, elaborada por el Gobierno y que superó el debate de totalidad en Pleno el pasado 16 de febrero, tiene como objetivo, argumenta el Ejecutivo, regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

Además, pretende asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

También es objeto de este Proyecto de Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

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