El Consejo de Gobierno aprueba un decreto ley que permitirá concertar servicios sociales y sanitarios con las entidades sin que tengan que concurrir a concursos
El Gobierno de Aragón ha hecho realidad una reinvindicación histórica de las entidades aragonesas que trabajan en el sector de la enfermedad mental en la Comunidad Autónoma de Aragón, al iniciar la transposición de los criterios de contratación incorporados en la Directiva 2014/24, por la vía de la aprobación de un Decreto Ley sobre la Acción Concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario.
El Decreto Ley aprobado hoy por Consejo de Gobierno realiza un avance importante para garantizar que las entidades que trabajan en la prestación de servicios sociales y sanitarios puedan seguir prestándolos, teniendo preferencia a la hora de contratar, siempre que cumplan unos requisitos asistenciales y de calidad de los servicios. Este decreto ley modifica el modelo de organización de la prestación de estos servicios sociales y sanitarios y complementa, a través de los conciertos, los actuales modos de gestión directa o indirecta por contrato.
El decreto, que responde a las demandas de las entidades sociales, establece que un operador económico que aspire a obtener un beneficio empresarial como consecuencia de su colaboración con la administración en la prestación de servicios solo podrá hacerlo en el marco de un proceso de contratación. Sin embargo, aquellas entidades sin ánimo de lucro podrán hacerlo bajo la forma de acción concertada, siempre que cumplan unos requisitos asistenciales y de calidad del servicio.
La novedad es que se pasa de un sistema que reconocía un simple derecho de preferencia a las entidades sin ánimo de lucro y que planteaba numerosos problemas de aplicación a otro que permite reconocer el valor social y la función que realizan estas organizaciones en el ámbito de los servicios a las personas.
El Decreto Ley llega respaldado por los criterios de contratación de la Directiva 2014/24, tan esperada por las entidades sin ánimo de lucro, que permite dar respuesta a reivindicaciones históricas y contribuir a la racionalización y la mejora de los recursos de la red de Reinserción y Rehabilitación de Salud Mental en Aragón.
Desde el Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental confiamos que este Decreto Ley permita racionalizar e incrementar la eficiencia del gasto público y asegurar mejores condiciones de la prestación de servicios sanitarios.
Este Decreto Ley debe ser considerado como una “nueva” oportunidad para regularcorrectamente una materia tan sensible y de tanta importancia social y económica. Administración, entidades sociales y usuarios estamos de acuerdo en que la contratación pública debe asegurar las mejores condiciones posibles para la prestación de servicios públicos de alta calidad.
Desde el principio de la reforma psiquiátrica y durante el desarrollo de los servicios de rehabilitación psicosocial en la comunidad, los servicios concertados con las entidades son parte esencial de la Red Pública del Sistema de Servicios de Salud Mental y forman parte de la red establecida en el Plan de Salud Mental de Aragón. Las entidades somos un agente clave para el desarrollo de la actual red de rehabilitación comunitaria y nuestros servicios están dedicados de forma exclusiva a las personas con enfermedad mental grave y muy grave, aportando un gran valor social, por su conexión con el tejido social en la comunidad que desarrollamos nuestras actividades.
En los últimos años, la forma de plantear la contratación de servicios de salud mental ha traído la inseguridad a los servicios concertados con las entidades y la incertidumbre a profesionales, usuarios y familias. La aplicación estricta de la Ley de Contratos del Sector Público puso en peligro de desaparición proyectos de atención integral a enfermos mentales, que en Aragón habían creado entidades nacidas tras la reforma psiquiátrica, al aplicarse en los Pliegos criterios prioritariamente económicos, que en modo alguno seguían los principios de la Directiva 2014/24/UE y ello a pesar del efecto jurídico inmediato de la misma que tiene sin necesidad de esperar al cumplimiento del plazo de transposición, que finalizó el pasado 18 de abril.
La aplicación de criterios mercantiles, por encima de la calidad del servicio y la no valoración de la implicación en gestión y corresponsabilidad histórica de las entidades, estaba causando un daño innecesario e irreparable a la continuidad de las mismas y promovía la entrada de entidades ajenas al sector y empresas con ánimo de lucro, dando un paso más en el camino de la privatización de los servicios, a costa de mermar su calidad.
Las palabras de la Consejera al anunciar la presentación de este Decreto Ley , recogen los criterios de la Directiva y resuelven gran parte de los problemas expuestos. Desde el Fórum, consideramos que lo importante es la persona con enfermedad mental y su entorno, no las entidades, pero sí la metodología y los principios de nuestra intervención, por lo que manifestamos nuestro total apoyo a la decisión del Gobierno de Aragón con la publicación de este Decreto Ley. Es una nueva ocasión para regular correctamente las contrataciones en este sector, tan sensible y de tanta importancia económica y social. Consideramos que se trata de una oportunidad histórica para corregir las deficiencias que actualmente tiene la integración de los enfermos mentales en la sociedad, y esperemos que su aplicación responda a las expectativas creadas y tengamos, entre todos los implicados, las garantías de las condiciones para implantar un nuevo modelo eficaz, eficiente y sensible que mejore la atención de las personas con discapacidad y de forma especial a los enfermos mentales y permita un tratamiento diferenciado de estas actividades, alejada de una perspectiva económica o de mercado.
