El director general de Contratación del Ejecutivo autonómico, compareció el pasado día 11 de abril, en las Cortes de Aragón para explicar los detalles de este nuevo órgano administrativo, poniendo en valor su carácter orientativo y remarcando que “las recomendaciones también son una forma de control y no atenderlas es un manifiesto de desobediencia hacia este órgano”.
El director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal, dio a conocer las funciones y la composición que tendrá el futuro Foro de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, una vez se ha dado inicio a su creación.
Sobre su composición, ha avanzado que estará compuesto por “no más de doce personas” para facilitar su “operatividad” y, entre sus miembros, contará con dos representantes de los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma, de trabajadores de empresas adjudicatarias, de contratistas, de centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral.
Con un representante, también participarán en él la Universidad de Zaragoza y los autónomos, de los que Bernal ha resaltado “será la primera vez que este colectivo esté representado de un órgano administrativo de contratación pública”.
Además, contará con un representante del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, “porque el Foro también velará por la concurrencia y competencia de los distintos operadores económicos”.
Además, será paritario y se exigirá a los colectivos que elijan como representantes a personas con un perfil “técnico especializado en la materia”. Ninguno de ellos recibirá dietas ni retribución alguna por su participación.
Este foro tendrá como función principal la de “hacer recomendaciones de carácter orientativo”, lo que Bernal ha defendido como “una forma de control, ya que no atenderlas es un manifiesto de desobediencia” hacia este órgano administrativo. Eso sí, no podrá hacer referencia a contratos concretos, sino a cuestiones de carácter general de contratación. Además, se dedicará a identificar oportunidades de uso estratégico de los contratos públicos, proponer la inclusión de cláusulas en los pliegos, sugerir medidas de promoción de la participación de pymes y autónomos, localizar oportunidades de contratos que puedan ser objeto de reserva y promover la igualdad entre hombres y mujeres, la trasparencia, la competencia entre operadores y la integridad en la adjudicación.
